El preso político Ángel Serrano Hernández, interno en el Combinado del Este de La Habana, denunció que no recibe una adecuada atención médica, a pesar de sus demandas para conseguirla.

En una llamada telefónica al exiliado José Díaz Silva, Serrano detalló una serie de dolencias que le hacen más dificultosa su vida en la cárcel.

“Enfermo, con dolores de cabeza y en los huesos, problemas en la piel, y está pidiendo asistencia médica y no se la dan. No puede decir que tiene alguna enfermedad porque no sabe, porque no lo llevan a un profesional, un especialista”, señaló, en conversación con Martí Noticias, Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, organización a la que pertenece el preso político.

Esta es una situación común en las prisiones cubanas que se debe a menudo a la falta de recursos, la escasez de personal médico y las deficiencias estructurales del sistema penitenciario pero que se acentúa en el caso de los presos políticos.

Ángel Serrano Hernández, un manifestante del 11 de julio de 2021 en la barriada habanera La Güinera, cumple una sentencia de 14 años de privación de libertad inculpado del supuesto delito de Sedición.

Con 48 años de edad, la salud de Serrano se ha debilitado con los años de reclusión. Su cuerpo se ha debilitado y su peso corporal es la mitad del que tenía cuando fue encarcelado, relató Díaz Silva basado en los testimonios que le ha dado el propio preso político y sus familiares:

“Está enfermo y necesita atención médica. Le prometen que lo van a llevar a un hospital. Lo que está exigiendo él es eso que le hagan un chequeo que lo vea, un médico. Pero van pasando los días y como no lo atienden, se agravan sus dolencias”.

Recientemente, las autoridades penales y judiciales le negaron al preso político el tránsito a un régimen de menor severidad.

Organizaciones independientes que monitorean las cárceles cubanas han llamado la atención sobre el difícil acceso y la baja calidad de la atención médica en los penales, lo que puede agravar las enfermedades crónicas, el estrés y la vulnerabilidad general de los reclusos.

También han denunciado que esto facilita la propagación de enfermedades a la población no carcelaria a través del personal penitenciario y de los familiares de los reclusos que interactúan con ellos.